La puntuación de la libertad económica de Italia es de 64,9, lo que convierte a su economía en la 68ª más libre del Índice 2021. Su puntuación global ha aumentado en 1,1 puntos, principalmente por la mejora de la eficacia judicial. Italia ocupa el puesto 36 entre los 45 países de la región de Europa, y su puntuación global está por debajo de la media regional pero por encima de la media mundial.
La economía italiana se ha situado en la categoría de moderadamente libre en la mayoría de los años desde la creación del Índice en 1995, arrastrada por un indicador de muy baja puntuación constante: el gasto público. La gran mayoría de ese gasto consiste en la financiación por motivos políticos de programas que apenas contribuyen a aumentar el rendimiento general de la economía del país.
IMPACTO DEL COVID-19: Hasta el 1 de diciembre de 2020, se habían atribuido 56.361 muertes a la pandemia en Italia, y se preveía que la economía se contraería un 10,6% en el año.
Italia es miembro fundador de la OTAN y de la Unión Europea. El primer ministro, Giuseppe Conte, dirige desde septiembre de 2019 un gobierno de coalición formado por el populista Movimiento Cinco Estrellas y el Partido Democrático, de centro-izquierda. El antiguo socio de coalición del Movimiento Cinco Estrellas, Lega, está a favor de un control estricto de la inmigración y sigue siendo el partido políticamente más popular. Se espera que Italia sea uno de los principales beneficiarios del fondo de recuperación del coronavirus de la UE. La diversificada economía italiana está bifurcada entre un norte industrial muy desarrollado, dominado por empresas privadas, y un sur agrícola menos desarrollado y muy subvencionado, donde el desempleo es mayor. El turismo representa el 13% del PIB, y sus luchas actuales son un albatros económico. La emigración, que sigue siendo el tema político más cargado, se disparó en 2020.
Los derechos de propiedad y los contratos son seguros, pero los retrasos en los procedimientos judiciales dificultan su aplicación. El sistema legal es engorroso y vulnerable a la interferencia política. Una burocracia abultada e interesada ralentiza los esfuerzos para hacer cumplir las leyes anticorrupción. La corrupción y el crimen organizado siguen siendo obstáculos importantes para la inversión y el crecimiento económico en algunas partes de Italia, a pesar de los esfuerzos de los sucesivos gobiernos por reducir los riesgos.
El tipo máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas es del 43%, y el tipo máximo estándar del impuesto de sociedades es del 24%, mientras que los bancos e instituciones financieras que cumplen los requisitos tributan al 27,5%. La presión fiscal global equivale al 42,1% del total de la renta nacional. El gasto público ha representado el 48,7% de la producción total (PIB) en los últimos tres años, y los déficits presupuestarios han sido, por término medio, del 2,1% del PIB. La deuda pública equivale al 134,8% del PIB.
Los procesos para iniciar un negocio y obtener permisos de construcción se han vuelto más complicados y largos. La modificación de la normativa relativa a los contratos de duración determinada ha reducido la libertad laboral. El gobierno permite que la mayoría de los precios sean fijados por el mercado, excepto para la electricidad, el transporte, los productos farmacéuticos, las telecomunicaciones, el agua y las redes de gas. La financiación de las subvenciones en el presupuesto del gobierno para 2020 equivale al 1,4% del PIB.
Como miembro de la UE, Italia tiene 45 acuerdos comerciales preferenciales en vigor. El tipo arancelario medio ponderado por el comercio (común entre los miembros de la UE) es del 3%, con 639 medidas no arancelarias en vigor impuestas por la UE. No hay un control general de la inversión extranjera, y la mayoría de los sectores de la economía están abiertos. El sector financiero se mantiene estable. La recapitalización de los bancos está en marcha, pero los préstamos morosos siguen siendo problemáticos.
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